El nuevo procedimiento agilizará el registro de los trabajadores informales y permitirá a las autoridades labrar multas en forma inmediata. Cristina reclamó al Congreso la sanción de un nuevo estatuto para el peón rural.
La presidenta Cristina Fernández encabezó ayer el acto de lanzamiento del programa Trabajo Registrado Digital, la tercera etapa del plan de regularización del trabajo. Como anticipó Tiempo Argentino el último domingo, se trata de una iniciativa que digitalizará las inspecciones que buscan combatir el trabajo no registrado. A partir de ahora, los inspectores de la cartera laboral tendrán a su disposición netbooks –computadoras portátiles– con las bases de datos de la AFIP y la ANSES. Así podrán constatar en el mismo momento de la fiscalización, cuando se encuentren en el terreno, la situación registral de los asalariados. “Es un control en tiempo real, que nos va a permitir hacer en un día lo que antes tardaba 40 días”, informó el ministro Carlos Tomada, quien acompañó a Cristina en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.
Tras elogiar la medida, la presidenta subrayó la significación política del reparto de netbooks a los inspectores del Ministerio de Trabajo. Dijo que la digitalización de las inspecciones demostraba el “giro de 180 grados y el cambio de paradigmas” que estaba llevando adelante el kirchnerismo al proponerse como objetivo el combate al trabajo ilegal. “Estoy muy orgullosa de haber alcanzado el porcentaje más alto en los últimos 40 años de trabajadores formalizados”, aseguró. Según comentó Tomada, el trabajo no registrado en la Argentina cayó del 50 al 36,4%. Un porcentaje considerado alto a nivel internacional: eso explica por qué el gobierno eligió la lucha contra el trabajo informal como una de las prioridades para este año.
El plan para digitalizar las inspecciones no sólo dará más rapidez a los procedimientos para registrar trabajadores o iniciar multas. También se elaborará un ránking de las empresas con información cruzada de la cartera laboral, la ANSES y la AFIP. A partir de técnicas estadísticas, se establecerá un scoring para determinar cuáles son los empleadores con más probabilidad de violar leyes laborales: ese puntaje permitirá direccionar las inspecciones. “Los empleadores que conviven con la evasión previsional y el trabajo no registrado ahora sí saben que los vamos a encontrar, que los vamos a juzgar y que les vamos a poner las multas rápidamente”, advirtió Tomada.
Al comenzar su discurso, Cristina se sumó a la campaña que está impulsando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que se deje de usar la expresión “trabajo en negro”. La presidenta coincidió en que, dada la historia del país, se trata de una expresión discriminatoria. Lo mismo hizo Tomada, quien exhortó al auditorio que poblaba el Salón de las Mujeres a utilizar las expresiones “trabajo no registrado, trabajo ilegal, trabajo precario, trabajo fuera de la ley”. “A fin de cuentas, es trabajo por fuera de las leyes y los convenios colectivos”, subrayó, y se ganó los aplausos de los presentes. En el acto Cristina estuvo acompañada por el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el secretario de Legal y Técnico, Carlos Zannini; y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
El anuncio comenzó con un video ilustrativo sobre la historia del trabajo no registrado en la Argentina; las imágenes mostraron a Juan Perón y recordaron el Estatuto del Peón Rural, la primera regulación estatal que buscaba ponerle límites a la explotación y al trabajo a destajo en el campo. Luego siguió la exposición de Tomada, quien recordó que la política laboral de los ’90, con el argumento de promover las inversiones empresarias, había favorecido “la evasión previsional” y “el trabajo no registrado” para desembocar en una estampida récord de los niveles de desocupación. Tomada ilustró con números el desinterés absoluto por el combate al trabajo fuera de ley que caracterizó al neoliberalismo: reveló que, hasta el mandato de Néstor Kirchner, el Ministerio de Trabajo tenía sólo 21 inspectores que debían cubrir todo el país.
En su discurso, en el que se mostró sonriente, la jefa de Estado aludió a las recientes denuncias por reducción a la servidumbre en la actividad agropecuaria. “Es un sector donde encontramos un porcentaje muy alto de trabajo ilegal, pero también de trabajo esclavo. Nos hemos enterado que en algunos lugares, además de ilegalidad, hay también decadencia y explotación dignas ya no del siglo XX, sino del XIX y del XVIII”, acusó la presidenta. “Son condiciones infrahumanas que necesitan como presupuesto básico la ilegalidad”, añadió Cristina. Además, la mandataria reclamó al Congreso la sanción de un nuevo estatuto del peón rural. “Sería bueno que el parlamento argentino pusiera en su agenda el tratamiento de este importante instrumento legal, que tiene mucha tradición para los hombres y mujeres que militamos en este espacio político. El Estatuto del Peón Rural es un acto fundacional”, dijo.
Según informó Tomada, en los últimos años el staff de inspectores de la cartera laboral pasó de 21 a 400. Y aseguró que la distribución de las computadoras permitirá “sacar a la calle” a los empleados del ministerio, que hasta ahora cumplían tareas administrativas y que ya no serán necesarias. “Todos los trabajadores que estaban haciendo esas tareas ahora saldrán a la calle”, anunció. Cristina tomó al vuelo la promesa y lo comprometió al ministro con nuevos objetivos: “Esta decisión va a permitir triplicar o cuadruplicar el número de inspectores en la calle”, remarcó para redoblar la apuesta.
La presidenta Cristina Fernández encabezó ayer el acto de lanzamiento del programa Trabajo Registrado Digital, la tercera etapa del plan de regularización del trabajo. Como anticipó Tiempo Argentino el último domingo, se trata de una iniciativa que digitalizará las inspecciones que buscan combatir el trabajo no registrado. A partir de ahora, los inspectores de la cartera laboral tendrán a su disposición netbooks –computadoras portátiles– con las bases de datos de la AFIP y la ANSES. Así podrán constatar en el mismo momento de la fiscalización, cuando se encuentren en el terreno, la situación registral de los asalariados. “Es un control en tiempo real, que nos va a permitir hacer en un día lo que antes tardaba 40 días”, informó el ministro Carlos Tomada, quien acompañó a Cristina en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.
Tras elogiar la medida, la presidenta subrayó la significación política del reparto de netbooks a los inspectores del Ministerio de Trabajo. Dijo que la digitalización de las inspecciones demostraba el “giro de 180 grados y el cambio de paradigmas” que estaba llevando adelante el kirchnerismo al proponerse como objetivo el combate al trabajo ilegal. “Estoy muy orgullosa de haber alcanzado el porcentaje más alto en los últimos 40 años de trabajadores formalizados”, aseguró. Según comentó Tomada, el trabajo no registrado en la Argentina cayó del 50 al 36,4%. Un porcentaje considerado alto a nivel internacional: eso explica por qué el gobierno eligió la lucha contra el trabajo informal como una de las prioridades para este año.
El plan para digitalizar las inspecciones no sólo dará más rapidez a los procedimientos para registrar trabajadores o iniciar multas. También se elaborará un ránking de las empresas con información cruzada de la cartera laboral, la ANSES y la AFIP. A partir de técnicas estadísticas, se establecerá un scoring para determinar cuáles son los empleadores con más probabilidad de violar leyes laborales: ese puntaje permitirá direccionar las inspecciones. “Los empleadores que conviven con la evasión previsional y el trabajo no registrado ahora sí saben que los vamos a encontrar, que los vamos a juzgar y que les vamos a poner las multas rápidamente”, advirtió Tomada.
Al comenzar su discurso, Cristina se sumó a la campaña que está impulsando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que se deje de usar la expresión “trabajo en negro”. La presidenta coincidió en que, dada la historia del país, se trata de una expresión discriminatoria. Lo mismo hizo Tomada, quien exhortó al auditorio que poblaba el Salón de las Mujeres a utilizar las expresiones “trabajo no registrado, trabajo ilegal, trabajo precario, trabajo fuera de la ley”. “A fin de cuentas, es trabajo por fuera de las leyes y los convenios colectivos”, subrayó, y se ganó los aplausos de los presentes. En el acto Cristina estuvo acompañada por el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el secretario de Legal y Técnico, Carlos Zannini; y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
El anuncio comenzó con un video ilustrativo sobre la historia del trabajo no registrado en la Argentina; las imágenes mostraron a Juan Perón y recordaron el Estatuto del Peón Rural, la primera regulación estatal que buscaba ponerle límites a la explotación y al trabajo a destajo en el campo. Luego siguió la exposición de Tomada, quien recordó que la política laboral de los ’90, con el argumento de promover las inversiones empresarias, había favorecido “la evasión previsional” y “el trabajo no registrado” para desembocar en una estampida récord de los niveles de desocupación. Tomada ilustró con números el desinterés absoluto por el combate al trabajo fuera de ley que caracterizó al neoliberalismo: reveló que, hasta el mandato de Néstor Kirchner, el Ministerio de Trabajo tenía sólo 21 inspectores que debían cubrir todo el país.
En su discurso, en el que se mostró sonriente, la jefa de Estado aludió a las recientes denuncias por reducción a la servidumbre en la actividad agropecuaria. “Es un sector donde encontramos un porcentaje muy alto de trabajo ilegal, pero también de trabajo esclavo. Nos hemos enterado que en algunos lugares, además de ilegalidad, hay también decadencia y explotación dignas ya no del siglo XX, sino del XIX y del XVIII”, acusó la presidenta. “Son condiciones infrahumanas que necesitan como presupuesto básico la ilegalidad”, añadió Cristina. Además, la mandataria reclamó al Congreso la sanción de un nuevo estatuto del peón rural. “Sería bueno que el parlamento argentino pusiera en su agenda el tratamiento de este importante instrumento legal, que tiene mucha tradición para los hombres y mujeres que militamos en este espacio político. El Estatuto del Peón Rural es un acto fundacional”, dijo.
Según informó Tomada, en los últimos años el staff de inspectores de la cartera laboral pasó de 21 a 400. Y aseguró que la distribución de las computadoras permitirá “sacar a la calle” a los empleados del ministerio, que hasta ahora cumplían tareas administrativas y que ya no serán necesarias. “Todos los trabajadores que estaban haciendo esas tareas ahora saldrán a la calle”, anunció. Cristina tomó al vuelo la promesa y lo comprometió al ministro con nuevos objetivos: “Esta decisión va a permitir triplicar o cuadruplicar el número de inspectores en la calle”, remarcó para redoblar la apuesta.
Información Tiempo Argentino 27 de Enero 2011
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