10 DE SEPTIEMBRE
DIEZ MIL PERSONAS MUEREN POR AÑO POR ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Una peste oculta, más letal que los accidentes laborales
Ocasionadas por los tipos de trabajo, por lo general no son diagnosticadas como tales. Según la OIT, estas dolencias producen el 82 por ciento de las patologías ocupacionales; los accidentes de trabajo, sólo el 18 por ciento.
Por Pedro Lipcovich
Diez mil personas mueren cada año en la Argentina por enfermedades del trabajo no diagnosticadas como tales. Así lo denunció la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria –según la cual 3000 de estas muertes podrían deberse a dolencias de ese tipo– y lo reconoció el superintendente de Riesgos del Trabajo de la Nación. Estas enfermedades –entre ellas, el cáncer y el asma– afectan a todos los trabajadores: desde el empleado de oficina que recibe emanaciones tóxicas del aire acondicionado hasta el trabajador rural afectado por los insecticidas. Una de las principales causas de que pasen sin diagnosticar se resume en una palabra: miedo. "El trabajador, por miedo a perder su empleo o, simplemente, a traerle problemas a su patrón, no denuncia que la enfermedad proviene del trabajo y se atiende en privado o en su obra social", explicó un médico de esa entidad. Esto multiplica el problema, ya que, al no haber denuncia, el patrón no modifica las condiciones que enferman. Además, los tratamientos "desfinancian al sistema público y las obras sociales", mientras que "las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) ganan millones con gastos mínimos", según el mismo profesional.
El superintendente de Riesgos de Trabajo reconoció que "las ART no hacen los exámenes periódicos que permitirían la prevención o el diagnóstico precoz" y destacó que, bajo el régimen actual, "los empresarios tienden a elegir la ART más barata, que suele ser la que da peores servicios".
Los extremos ridículos a que llega el subdiagnóstico de las dolencias laborales en la Argentina se advierten porque, "según los datos mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las enfermedades de origen laboral producen el 82 por ciento de las patologías ocupacionales, y los accidentes de trabajo suman el 18 por ciento. En la Argentina, según las últimas estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondientes a 2005, las enfermedades ocupacionales detectadas llegan sólo al 1,7 por ciento": así lo denunció un documento de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). Según Jorge Draghi –coordinador adjunto de enfermedades de origen ocupacional de la AAMR–, "estimamos diez mil muertes anuales en el país por enfermedades ocupacionales no registradas".
¿Por qué no se diagnostican como tales las enfermedades ocupacionales en la Argentina? "Tanto el enfermo como el médico tienen temor", contesta Draghi. Cierto que estos temores son de muy diferente naturaleza. En el caso del paciente, "tiene miedo a que lo echen: el trabajador que hace la denuncia ante la ART o ante su patrón le ocasiona a éste un trastorno: deberá o debería enfrentar las causas que originaron la enfermedad: mantener una ventilación adecuada en el ambiente de trabajo, proporcionar máscaras, hacer cosas que en las empresas argentinas son prácticamente inexistentes".
"Recuerdo, por ejemplo, una charla comunitaria que fui a dar en Ingeniero White, Bahía Blanca, sobre las emanaciones tóxicas del polo petroquímico que funciona allí –comentó Draghi, quien además integra la ONG Ambiente Saludable–: muchas mujeres me esperaban en la puerta para oponerse a la charla; temían que se cerrara el polo petroquímico y sus esposos quedaran sin trabajo; no había percepción de que se están muriendo todos, no sólo los trabajadores sino las familias de Ingeniero White. Tampoco se puede contar con los sindicatos porque muchas veces saben qué problemas hay en las empresas pero negocian los gastos de protección ambiental con tal de que la fábrica no cierre o que no disminuyan los salarios."
El temor de los médicos es, digamos, más mezquino: "Tienen miedo al barullo legal: creen que denunciar una enfermedad como de origen ocupacional los llevará a verse involucrados en procesos judiciales, pero no es así: lo que el médico debe hacer es un breve resumen de historia clínica, con el cual el paciente va a la patronal, que lo deriva a la ART", explicó Draghi.
Cierto es que, todavía antes del miedo a comunicar el diagnóstico de enfermedad ocupacional, está el hecho de que, muchas veces, el médico no llega a hacer el diagnóstico adecuado: "Para que una enfermedad pueda ser vinculada con lo laboral, el médico debe preguntar en qué trabaja el paciente: a partir de su respuesta, el médico debiera saber con qué tóxicos puede estar en contacto esa persona, y así investigar hasta relacionar el trabajo con el motivo de consulta. Pero si el médico no pregunta de qué trabaja su paciente, o si no sabe qué toxicidades puede haber en juego en ese trabajo, estamos mal", advierte Draghi. Y si estamos mal es porque "en este orden, la preparación que brindan las carreras universitarias de medicina y las residencias es deficitaria".
Para colmo, según Draghi, "las enfermedades de tipo ocupacional toman cada vez más importancia. Hace seis años, detectábamos cien sustancias tóxicas en los lugares de trabajo; hoy conocemos más de 400. Sea porque aparecen más tóxicos, o también porque estamos en condiciones de identificarlos mejor". Draghi, quien dio conferencias sobre el tema en México y Estados Unidos, señala que "el problema se presenta en toda América latina pero en México hay mejores controles y en ese país, como también en Chile, hay mejores estadísticas y organización. Todo esto falta en la Argentina".
Barato, pero el peor
"Sí, tenemos un subregistro de enfermedades profesionales", admitió Héctor Oscar Verón, titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación, y reconoció que "el 1,7 por ciento registrado en 2005 está muy lejos de la realidad". El funcionario reveló un importante factor por el cual muchas enfermedades laborales no se detectan: "Los exámenes médicos periódicos a los trabajadores, que son obligación de las ART, no se hacen como marca la ley, y no se cumplen las resoluciones de la SRT por las cuales, según los riesgos a que estén expuestos, los trabajadores deben ser revisados una o dos veces cada año".
Según denunció el alto funcionario nacional, "las ART no hacen más que el 17 o el 20 por ciento de esos exámenes periódicos, que permitirían la prevención y el diagnóstico precoz. En muchos casos hacen el examen médico pero sólo para diagnosticar un riesgo: así cumplen en presentar resultados, firmados por profesionales, pero dejan de lado que, si el trabajador está expuesto a varios riesgos, hay que testearlo respecto de todos".
–¿La SRT no está en condiciones de obligar a las ART a cumplir adecuadamente los exámenes periódicos? –preguntó Página/12.
–En 2004, tuve que dejar de lado una resolución en la que les pedía a las ART que recorrieran las empresas para establecer a qué riesgos están expuestos los trabajadores, a fin de hacer los exámenes periódicos. Las ART recurrieron a la Justicia, apelaron en todas partes y la resolución quedó inmovilizada –contestó Verón–. Las aseguradoras sostienen que ese relevamiento lo tienen que hacer las empresas mismas. En algunas empresas grandes hay médicos e ingenieros que pueden llegar a informar a la ART sobre los riesgos a que están expuestos los trabajadores, pero en las pymes no hay médicos; la ley no les exige tenerlos. Entonces el empleador no sabe y no averigua los riesgos de las sustancias a las que se exponen sus trabajadores. Todo esto causa de antemano un déficit en los exámenes periódicos.
Además, según el superintendente, "las ART son entes cuya creación se copió en cierta forma de las ARP (Aseguradoras de Riesgo Profesional) de Colombia pero, en ese país, todas le cobran lo mismo al empleador, de modo que la competencia es en función de la que brinde el mejor servicio: más protección, más exámenes; en la Argentina, en cambio, la competencia es sobre la base de la alícuota que cobran, y la mayoría de las veces el empleador elige la que le sale más barata".
–El sistema actual, ¿desresponsabiliza al empleador?
–Por ley, el responsable de los riesgos es el empleador; la aseguradora debe asesorarlo pero el empleador debe proteger a sus trabajadores.
–¿Quién sanciona al empleador que no cumpla?–El Pacto Federal, firmado en 2000, devolvió el poder de policía a cada provincia. La Superintendencia sólo puede sancionar a las ART
Médicos y peritos
Por Pedro Lipcovich
"Desde 1999, la Cámara de Apelaciones del Trabajo nos niega la condición de especialistas y no podemos inscribirnos como peritos neumonólogos en el fuero laboral", denunció, en nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), José López. Para la AAMR, la desestimación de la capacidad pericial de sus especialistas estaría vinculada con el subregistro de las enfermedades ocupacionales que podría afectar especialmente a las de origen respiratorio, ya que "las enfermedades respiratorias tienen un prolongado período de latencia de 10, 15 años o más", según un documento de la AAMR.
López señaló que "a menudo, estas enfermedades no son reconocidas como laborales por las ART, para evitar el pago de indemnizaciones", y denunció que "muchas veces, los médicos del trabajo están comprometidos con las empresas para no denunciar enfermedades. En la Argentina, el médico laboral, cuando lo hay, es un empleado más, lo cual le hace muy difícil cumplir una función que debiera ser de auditoría sobre las condiciones del trabajo. En Francia, por ejemplo, el médico del trabajo se designa por acuerdo de la comisión interna de trabajadores, de la empresa y del equivalente a la ART, y la empresa no tiene derecho a despedirlo".
Los hongos del aire acondicionado
Por Pedro Lipcovich
"Sólo por enfermedades respiratorias de origen ocupacional, la Argentina pierde mil millones de pesos al año en internaciones, medicamentos y muertes. Más del 25 por ciento de los casos de asma tienen origen ocupacional. Esta enfermedad y el cáncer de pulmón son las más frecuentes, y constituyen el cuarto factor de disminución de expectativa de vida en nuestro país", contó Jorge Draghi, coordinador adjunto de enfermedades de origen ocupacional de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
Estas enfermedades tienen orígenes diversos. En oficinas, por "hongos o bacterias de filtros de aire acondicionado con poco mantenimiento; pequeños ácaros en las alfombras; emanaciones tóxicas del toner de las impresoras; también el humo de tabaco". En las industrias hay "multitud de sustancias tóxicas, como el humo de soldaduras o el vapor de las lavandinas en trabajos de limpieza". En la actividad rural, "todo trabajador está en contacto con venenos y sustancias tóxicas", señaló Draghi.
Las tendinitis y otras dolencias causadas por movimientos repetitivos en el trabajo, como en los costureros, los recolectores de residuos o los operadores de computadora con mouse, "suelen no ser bien diagnosticadas –-admitió Héctor Verón, superintendente de Riesgos del Trabajo–. Muchas veces las ART no las reconocen como enfermedad y van a parar a las obras sociales u hospitales públicos". Respecto de la sordera de origen laboral, Verón comentó que "cuando se constituyó un fondo especial para hipoacusias, se creyó que iba a recibir muchas consultas de empresas, pero sólo las grandes lo utilizaron".
LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO EN EL BANQUILLO
Una herencia del menemismo
Por Pedro Lipcovich
¿Cuántos trabajadores mueren o enferman por cada día que pasa sin que se derogue y reemplace la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo? Nadie podría responder con un número, pero el testimonio de todas las fuentes consultadas por Página/12 apunta a que son muchos, son muchas las víctimas. Según el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, Roberto Pinto, esa normativa –herencia del gobierno de Carlos Menem– "destruyó décadas de avance en la salud de los trabajadores" y condujo a "un caos legislativo". Según Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, "es una ley de negocios, que no tiene nada que ver con la prevención de los accidentes y enfermedades"; sin embargo, afirma el legislador, "no es sencillo" cambiarla, "todavía no hay un proyecto del Poder Ejecutivo" y el cambio sería resistido por "intereses de las cámaras empresarias y ART". Para el diputado Claudio Lozano, quien presentó un proyecto para reemplazar la 14.557 que incluye "sustituir las ART por un sistema de entidades sin fines de lucro", la cuestionada ley sigue en vigencia por "el respeto del Gobierno a los sectores empresariales" y porque "el bloque oficialista bloquea el tema, a la espera de un proyecto del Ejecutivo que nunca llega".
"Antes, la responsabilidad por la salud del trabajador estaba en manos del médico especializado en medicina del trabajo: la Ley 24.557 les quitó responsabilidad al médico de la empresa y al médico del sindicato. Al impedir de hecho los juicios, la ley permite que al empleador le salga más barato pagar la indemnización que hacer medicina preventiva, y esto destruyó décadas de trabajo en la salud de los trabajadores", sostuvo Roberto Pinto, quien, además de presidir la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, es titular de las materias de grado y posgrado en medicina del trabajo de la Universidad Nacional de San Martín.
Pinto comentó que "en este momento, en materia de riesgos del trabajo hay un caos legislativo: la ley todavía no está derogada pero ya se está recurriendo a otras vías, especialmente la Justicia civil". En 2004, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 39 y 46 de la ley: el primero exime de responsabilidad civil al empleador y el segundo cierra al trabajador la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria; ambos en conjunto garantizan los reducidos topes indemnizatorios que fija la 24.557.
Según el diputado Héctor Recalde –quien, además de presidir la Comisión de Legislación del Trabajo, es asesor de la CGT–, "la Ley 24.557 fue un instrumento de la flexibilización laboral: es una ley de negocios, que no tiene nada que ver con la prevención y la justa reparación de los accidentes y enfermedades profesionales. A partir de esta ley, cuanto menor es la prevención y la reparación, mejor es el negocio".
En consecuencia, para Recalde "hace falta una nueva ley", en la cual "las ART, que son empresas de lucro, sean reemplazadas por un sistema de seguridad que podría ser estatal". Pero esto "no es sencillo porque las ART podrían reclamar derechos y hay fondos acumulados". De todos modos, Recalde presentó un proyecto de ley "que la CGT había discutido y aprobado en 2004", y al cual "se enfrentan los intereses de las ART y de las cámaras empresarias". Entretanto, el tema no avanza en el Congreso porque "todavía no hay un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, que no pudo hasta ahora destrabar una solución de equidad", según el legislador, perteneciente al bloque oficialista.
La diputada Delia Bisutti –vicepresidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo y perteneciente al ARI– también cuestionó el rol que la 24.557 otorga a las ART: "El trabajador está atrapado en una relación comercial entre su patrón y la ART, y siente que la aseguradora es socia de su patrón, no defensora de sus intereses". Según la legisladora, "estamos reclamando que se trate el tema en la comisión: ya el año pasado se anunció su tratamiento cuando el Ejecutivo enviara su proyecto de modificación, cosa que nunca ocurrió".
El diputado Claudio Lozano –quien, además de integrar la Comisión de Legislación del Trabajo, es asesor de la CTA– presentó un proyecto para reemplazar la Ley de Riesgos del Trabajo, que, entre otras cosas, solicita "transformar el sistema de las ART en un sistema de entidades sin fines de lucro, que podrían ser constituidas desde el Estado nacional, el provincial y municipal, desde las asociaciones mutuales y cooperativas y desde las obras sociales sindicales".
Según Lozano, "si la Ley 24.557 todavía persiste, es por el respeto taxativo del Gobierno a la actitud de los sectores empresariales más concentrados. Sigue vigente el criterio de mantener el tema de la salud de los trabajadores como negocio, articulado con una estrategia de reducción del 'costo laboral'".
DIEZ MIL PERSONAS MUEREN POR AÑO POR ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Una peste oculta, más letal que los accidentes laborales
Ocasionadas por los tipos de trabajo, por lo general no son diagnosticadas como tales. Según la OIT, estas dolencias producen el 82 por ciento de las patologías ocupacionales; los accidentes de trabajo, sólo el 18 por ciento.
Por Pedro Lipcovich
Diez mil personas mueren cada año en la Argentina por enfermedades del trabajo no diagnosticadas como tales. Así lo denunció la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria –según la cual 3000 de estas muertes podrían deberse a dolencias de ese tipo– y lo reconoció el superintendente de Riesgos del Trabajo de la Nación. Estas enfermedades –entre ellas, el cáncer y el asma– afectan a todos los trabajadores: desde el empleado de oficina que recibe emanaciones tóxicas del aire acondicionado hasta el trabajador rural afectado por los insecticidas. Una de las principales causas de que pasen sin diagnosticar se resume en una palabra: miedo. "El trabajador, por miedo a perder su empleo o, simplemente, a traerle problemas a su patrón, no denuncia que la enfermedad proviene del trabajo y se atiende en privado o en su obra social", explicó un médico de esa entidad. Esto multiplica el problema, ya que, al no haber denuncia, el patrón no modifica las condiciones que enferman. Además, los tratamientos "desfinancian al sistema público y las obras sociales", mientras que "las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) ganan millones con gastos mínimos", según el mismo profesional.
El superintendente de Riesgos de Trabajo reconoció que "las ART no hacen los exámenes periódicos que permitirían la prevención o el diagnóstico precoz" y destacó que, bajo el régimen actual, "los empresarios tienden a elegir la ART más barata, que suele ser la que da peores servicios".
Los extremos ridículos a que llega el subdiagnóstico de las dolencias laborales en la Argentina se advierten porque, "según los datos mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las enfermedades de origen laboral producen el 82 por ciento de las patologías ocupacionales, y los accidentes de trabajo suman el 18 por ciento. En la Argentina, según las últimas estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondientes a 2005, las enfermedades ocupacionales detectadas llegan sólo al 1,7 por ciento": así lo denunció un documento de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). Según Jorge Draghi –coordinador adjunto de enfermedades de origen ocupacional de la AAMR–, "estimamos diez mil muertes anuales en el país por enfermedades ocupacionales no registradas".
¿Por qué no se diagnostican como tales las enfermedades ocupacionales en la Argentina? "Tanto el enfermo como el médico tienen temor", contesta Draghi. Cierto que estos temores son de muy diferente naturaleza. En el caso del paciente, "tiene miedo a que lo echen: el trabajador que hace la denuncia ante la ART o ante su patrón le ocasiona a éste un trastorno: deberá o debería enfrentar las causas que originaron la enfermedad: mantener una ventilación adecuada en el ambiente de trabajo, proporcionar máscaras, hacer cosas que en las empresas argentinas son prácticamente inexistentes".
"Recuerdo, por ejemplo, una charla comunitaria que fui a dar en Ingeniero White, Bahía Blanca, sobre las emanaciones tóxicas del polo petroquímico que funciona allí –comentó Draghi, quien además integra la ONG Ambiente Saludable–: muchas mujeres me esperaban en la puerta para oponerse a la charla; temían que se cerrara el polo petroquímico y sus esposos quedaran sin trabajo; no había percepción de que se están muriendo todos, no sólo los trabajadores sino las familias de Ingeniero White. Tampoco se puede contar con los sindicatos porque muchas veces saben qué problemas hay en las empresas pero negocian los gastos de protección ambiental con tal de que la fábrica no cierre o que no disminuyan los salarios."
El temor de los médicos es, digamos, más mezquino: "Tienen miedo al barullo legal: creen que denunciar una enfermedad como de origen ocupacional los llevará a verse involucrados en procesos judiciales, pero no es así: lo que el médico debe hacer es un breve resumen de historia clínica, con el cual el paciente va a la patronal, que lo deriva a la ART", explicó Draghi.
Cierto es que, todavía antes del miedo a comunicar el diagnóstico de enfermedad ocupacional, está el hecho de que, muchas veces, el médico no llega a hacer el diagnóstico adecuado: "Para que una enfermedad pueda ser vinculada con lo laboral, el médico debe preguntar en qué trabaja el paciente: a partir de su respuesta, el médico debiera saber con qué tóxicos puede estar en contacto esa persona, y así investigar hasta relacionar el trabajo con el motivo de consulta. Pero si el médico no pregunta de qué trabaja su paciente, o si no sabe qué toxicidades puede haber en juego en ese trabajo, estamos mal", advierte Draghi. Y si estamos mal es porque "en este orden, la preparación que brindan las carreras universitarias de medicina y las residencias es deficitaria".
Para colmo, según Draghi, "las enfermedades de tipo ocupacional toman cada vez más importancia. Hace seis años, detectábamos cien sustancias tóxicas en los lugares de trabajo; hoy conocemos más de 400. Sea porque aparecen más tóxicos, o también porque estamos en condiciones de identificarlos mejor". Draghi, quien dio conferencias sobre el tema en México y Estados Unidos, señala que "el problema se presenta en toda América latina pero en México hay mejores controles y en ese país, como también en Chile, hay mejores estadísticas y organización. Todo esto falta en la Argentina".
Barato, pero el peor
"Sí, tenemos un subregistro de enfermedades profesionales", admitió Héctor Oscar Verón, titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación, y reconoció que "el 1,7 por ciento registrado en 2005 está muy lejos de la realidad". El funcionario reveló un importante factor por el cual muchas enfermedades laborales no se detectan: "Los exámenes médicos periódicos a los trabajadores, que son obligación de las ART, no se hacen como marca la ley, y no se cumplen las resoluciones de la SRT por las cuales, según los riesgos a que estén expuestos, los trabajadores deben ser revisados una o dos veces cada año".
Según denunció el alto funcionario nacional, "las ART no hacen más que el 17 o el 20 por ciento de esos exámenes periódicos, que permitirían la prevención y el diagnóstico precoz. En muchos casos hacen el examen médico pero sólo para diagnosticar un riesgo: así cumplen en presentar resultados, firmados por profesionales, pero dejan de lado que, si el trabajador está expuesto a varios riesgos, hay que testearlo respecto de todos".
–¿La SRT no está en condiciones de obligar a las ART a cumplir adecuadamente los exámenes periódicos? –preguntó Página/12.
–En 2004, tuve que dejar de lado una resolución en la que les pedía a las ART que recorrieran las empresas para establecer a qué riesgos están expuestos los trabajadores, a fin de hacer los exámenes periódicos. Las ART recurrieron a la Justicia, apelaron en todas partes y la resolución quedó inmovilizada –contestó Verón–. Las aseguradoras sostienen que ese relevamiento lo tienen que hacer las empresas mismas. En algunas empresas grandes hay médicos e ingenieros que pueden llegar a informar a la ART sobre los riesgos a que están expuestos los trabajadores, pero en las pymes no hay médicos; la ley no les exige tenerlos. Entonces el empleador no sabe y no averigua los riesgos de las sustancias a las que se exponen sus trabajadores. Todo esto causa de antemano un déficit en los exámenes periódicos.
Además, según el superintendente, "las ART son entes cuya creación se copió en cierta forma de las ARP (Aseguradoras de Riesgo Profesional) de Colombia pero, en ese país, todas le cobran lo mismo al empleador, de modo que la competencia es en función de la que brinde el mejor servicio: más protección, más exámenes; en la Argentina, en cambio, la competencia es sobre la base de la alícuota que cobran, y la mayoría de las veces el empleador elige la que le sale más barata".
–El sistema actual, ¿desresponsabiliza al empleador?
–Por ley, el responsable de los riesgos es el empleador; la aseguradora debe asesorarlo pero el empleador debe proteger a sus trabajadores.
–¿Quién sanciona al empleador que no cumpla?–El Pacto Federal, firmado en 2000, devolvió el poder de policía a cada provincia. La Superintendencia sólo puede sancionar a las ART
Médicos y peritos
Por Pedro Lipcovich
"Desde 1999, la Cámara de Apelaciones del Trabajo nos niega la condición de especialistas y no podemos inscribirnos como peritos neumonólogos en el fuero laboral", denunció, en nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), José López. Para la AAMR, la desestimación de la capacidad pericial de sus especialistas estaría vinculada con el subregistro de las enfermedades ocupacionales que podría afectar especialmente a las de origen respiratorio, ya que "las enfermedades respiratorias tienen un prolongado período de latencia de 10, 15 años o más", según un documento de la AAMR.
López señaló que "a menudo, estas enfermedades no son reconocidas como laborales por las ART, para evitar el pago de indemnizaciones", y denunció que "muchas veces, los médicos del trabajo están comprometidos con las empresas para no denunciar enfermedades. En la Argentina, el médico laboral, cuando lo hay, es un empleado más, lo cual le hace muy difícil cumplir una función que debiera ser de auditoría sobre las condiciones del trabajo. En Francia, por ejemplo, el médico del trabajo se designa por acuerdo de la comisión interna de trabajadores, de la empresa y del equivalente a la ART, y la empresa no tiene derecho a despedirlo".
Los hongos del aire acondicionado
Por Pedro Lipcovich
"Sólo por enfermedades respiratorias de origen ocupacional, la Argentina pierde mil millones de pesos al año en internaciones, medicamentos y muertes. Más del 25 por ciento de los casos de asma tienen origen ocupacional. Esta enfermedad y el cáncer de pulmón son las más frecuentes, y constituyen el cuarto factor de disminución de expectativa de vida en nuestro país", contó Jorge Draghi, coordinador adjunto de enfermedades de origen ocupacional de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
Estas enfermedades tienen orígenes diversos. En oficinas, por "hongos o bacterias de filtros de aire acondicionado con poco mantenimiento; pequeños ácaros en las alfombras; emanaciones tóxicas del toner de las impresoras; también el humo de tabaco". En las industrias hay "multitud de sustancias tóxicas, como el humo de soldaduras o el vapor de las lavandinas en trabajos de limpieza". En la actividad rural, "todo trabajador está en contacto con venenos y sustancias tóxicas", señaló Draghi.
Las tendinitis y otras dolencias causadas por movimientos repetitivos en el trabajo, como en los costureros, los recolectores de residuos o los operadores de computadora con mouse, "suelen no ser bien diagnosticadas –-admitió Héctor Verón, superintendente de Riesgos del Trabajo–. Muchas veces las ART no las reconocen como enfermedad y van a parar a las obras sociales u hospitales públicos". Respecto de la sordera de origen laboral, Verón comentó que "cuando se constituyó un fondo especial para hipoacusias, se creyó que iba a recibir muchas consultas de empresas, pero sólo las grandes lo utilizaron".
LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO EN EL BANQUILLO
Una herencia del menemismo
Por Pedro Lipcovich
¿Cuántos trabajadores mueren o enferman por cada día que pasa sin que se derogue y reemplace la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo? Nadie podría responder con un número, pero el testimonio de todas las fuentes consultadas por Página/12 apunta a que son muchos, son muchas las víctimas. Según el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, Roberto Pinto, esa normativa –herencia del gobierno de Carlos Menem– "destruyó décadas de avance en la salud de los trabajadores" y condujo a "un caos legislativo". Según Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, "es una ley de negocios, que no tiene nada que ver con la prevención de los accidentes y enfermedades"; sin embargo, afirma el legislador, "no es sencillo" cambiarla, "todavía no hay un proyecto del Poder Ejecutivo" y el cambio sería resistido por "intereses de las cámaras empresarias y ART". Para el diputado Claudio Lozano, quien presentó un proyecto para reemplazar la 14.557 que incluye "sustituir las ART por un sistema de entidades sin fines de lucro", la cuestionada ley sigue en vigencia por "el respeto del Gobierno a los sectores empresariales" y porque "el bloque oficialista bloquea el tema, a la espera de un proyecto del Ejecutivo que nunca llega".
"Antes, la responsabilidad por la salud del trabajador estaba en manos del médico especializado en medicina del trabajo: la Ley 24.557 les quitó responsabilidad al médico de la empresa y al médico del sindicato. Al impedir de hecho los juicios, la ley permite que al empleador le salga más barato pagar la indemnización que hacer medicina preventiva, y esto destruyó décadas de trabajo en la salud de los trabajadores", sostuvo Roberto Pinto, quien, además de presidir la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, es titular de las materias de grado y posgrado en medicina del trabajo de la Universidad Nacional de San Martín.
Pinto comentó que "en este momento, en materia de riesgos del trabajo hay un caos legislativo: la ley todavía no está derogada pero ya se está recurriendo a otras vías, especialmente la Justicia civil". En 2004, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 39 y 46 de la ley: el primero exime de responsabilidad civil al empleador y el segundo cierra al trabajador la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria; ambos en conjunto garantizan los reducidos topes indemnizatorios que fija la 24.557.
Según el diputado Héctor Recalde –quien, además de presidir la Comisión de Legislación del Trabajo, es asesor de la CGT–, "la Ley 24.557 fue un instrumento de la flexibilización laboral: es una ley de negocios, que no tiene nada que ver con la prevención y la justa reparación de los accidentes y enfermedades profesionales. A partir de esta ley, cuanto menor es la prevención y la reparación, mejor es el negocio".
En consecuencia, para Recalde "hace falta una nueva ley", en la cual "las ART, que son empresas de lucro, sean reemplazadas por un sistema de seguridad que podría ser estatal". Pero esto "no es sencillo porque las ART podrían reclamar derechos y hay fondos acumulados". De todos modos, Recalde presentó un proyecto de ley "que la CGT había discutido y aprobado en 2004", y al cual "se enfrentan los intereses de las ART y de las cámaras empresarias". Entretanto, el tema no avanza en el Congreso porque "todavía no hay un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, que no pudo hasta ahora destrabar una solución de equidad", según el legislador, perteneciente al bloque oficialista.
La diputada Delia Bisutti –vicepresidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo y perteneciente al ARI– también cuestionó el rol que la 24.557 otorga a las ART: "El trabajador está atrapado en una relación comercial entre su patrón y la ART, y siente que la aseguradora es socia de su patrón, no defensora de sus intereses". Según la legisladora, "estamos reclamando que se trate el tema en la comisión: ya el año pasado se anunció su tratamiento cuando el Ejecutivo enviara su proyecto de modificación, cosa que nunca ocurrió".
El diputado Claudio Lozano –quien, además de integrar la Comisión de Legislación del Trabajo, es asesor de la CTA– presentó un proyecto para reemplazar la Ley de Riesgos del Trabajo, que, entre otras cosas, solicita "transformar el sistema de las ART en un sistema de entidades sin fines de lucro, que podrían ser constituidas desde el Estado nacional, el provincial y municipal, desde las asociaciones mutuales y cooperativas y desde las obras sociales sindicales".
Según Lozano, "si la Ley 24.557 todavía persiste, es por el respeto taxativo del Gobierno a la actitud de los sectores empresariales más concentrados. Sigue vigente el criterio de mantener el tema de la salud de los trabajadores como negocio, articulado con una estrategia de reducción del 'costo laboral'".
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